Resumen.
El desperdicio de alimentos se ha consolidado como una de las expresiones más visibles de las contradicciones estructurales de los sistemas agroalimentarios contemporáneos, al coexistir con elevados niveles de hambre e inseguridad alimentaria en diversas regiones del mundo (FAO, 2024a). Este artículo analiza el papel del derecho agrario como herramienta para reducir el desperdicio de alimentos, desde una perspectiva ontológica, epistemológica y crítica, con especial énfasis en la Unión Europea, América Latina y, de manera particular, Venezuela (Principato et al., 2020; Frontiers in Sustainable Food Systems, 2021). Se utiliza un diseño jurídico–documental de enfoque cualitativo, basado en el examen de normas, informes técnicos y estudios doctrinales, mediante análisis de contenido y comparación normativa (FAO, 2024a; Pandectas Digital, 2025a). Entre los principales hallazgos se identifica que la Unión Europea ha avanzado hacia una institucionalización robusta del problema a través de la Directiva (UE) 2025/1892, mientras que América Latina presenta marcos normativos fragmentados pero con experiencias pioneras, como las leyes colombianas contra las pérdidas y el desperdicio (Phenix, 2025; Banco de Alimentos de Colombia, 2025). En Venezuela, pese a la existencia de un cuerpo normativo agrario y de seguridad agroalimentaria de rango orgánico, persiste un vacío regulatorio específico frente al desperdicio. Se concluye que el derecho agrario solo puede ejercer una función transformadora si integra explícitamente la reducción del desperdicio a la función social de la propiedad de la tierra, articula políticas públicas con participación campesina y garantiza inversiones estructurales en la cadena agroalimentaria (FAO, 2024b).
Palabras clave: derecho agrario, desperdicio de alimentos, soberanía alimentaria, Venezuela, Unión Europea.
Abstract
Food waste has become one of the most visible expressions of the structural contradictions of contemporary agri-food systems, coexisting with high levels of hunger and food insecurity in several regions of the world (FAO, 2024a). This article analyzes the role of agricultural law as a tool to reduce food waste from an ontological, epistemological, and critical perspective, with a special focus on the European Union, Latin America, and particularly Venezuela (Principato et al., 2020; Frontiers in Sustainable Food Systems, 2021). A qualitative legal–documentary design is used, based on the examination of legal norms, technical reports, and doctrinal studies, through content analysis and normative comparison (FAO, 2024a; Pandectas Digital, 2025a). The main findings show that the European Union has moved towards strong institutionalization of the issue through Directive (EU) 2025/1892, while Latin America exhibits fragmented regulatory frameworks but also pioneering experiences such as Colombian laws against food loss and waste (Phenix, 2025; Banco de Alimentos de Colombia, 2025). In Venezuela, despite the existence of a comprehensive agrarian and food security legal framework, there is a specific regulatory gap on waste in a context of production crisis and deteriorated infrastructure (INIA, n.d.; Tal Cual Digital, 2024). The article concludes that agricultural law can only play a transformative role if it explicitly integrates waste reduction into the social function of land ownership, articulates public policies with peasant participation, and ensures structural investment in the agri-food chain (FAO, 2024b.).
Keywords: *agricultural law, food waste, food sovereignty, Venezuela, European Union*.
Introducción.
El desperdicio de alimentos constituye uno de los mayores desafíos de los sistemas agroalimentarios en el siglo XXI, tanto por su impacto en la seguridad alimentaria como por sus efectos ambientales y económicos (FAO, 2024a). A nivel global, se desperdician cientos de millones de toneladas de alimentos al año, mientras centenares de millones de personas continúan padeciendo hambre, lo que evidencia una brecha entre la capacidad productiva y el acceso real a los alimentos (FAO, 2024a). En América Latina y el Caribe, la región presenta pérdidas significativas en etapas tempranas de la cadena de suministro, al tiempo que mantiene bolsas persistentes de inseguridad alimentaria (Statista, 2024).
En este contexto, el derecho agrario se presenta como un campo normativo estratégico para abordar el desperdicio, ya que articula la relación entre tierra, producción y consumo, bajo el prisma de la función social de la propiedad y de la soberanía alimentaria (Pandectas Digital, 2025a; INIA). No obstante, buena parte de la regulación vigente, tanto en Europa como en América Latina, ha tendido a tratar el desperdicio como un problema técnico de gestión de residuos, más que como una manifestación de estructuras agrarias y relaciones de poder en el campo (Principato et al.).
El objetivo general de este artículo es analizar el derecho agrario como herramienta para reducir el desperdicio de alimentos desde una perspectiva ontológica, epistemológica y crítica, centrando el análisis en la Unión Europea, América Latina y, especialmente, en el caso venezolano. Los objetivos específicos son: a) describir la concepción ontológica y epistemológica del derecho agrario en relación con la función social de la tierra y el derecho a la alimentación; b) examinar los principales marcos normativos sobre desperdicio de alimentos en la Unión Europea y América Latina; y c) identificar los vacíos y potencialidades del ordenamiento venezolano para estructurar una política integral de reducción del desperdicio
Marco teórico.
El derecho agrario y el desperdicio de alimentos.
El Derecho agrario tiene una base estructural trípode: económica, social y ambiental. Como señalan comentaristas especializados, en la era contemporánea el Derecho agrario se fortalece con un fundamento sólido «económico, social y ambiental» . Esta tríada implica que toda disposición agraria debe ponderar no solo la eficiencia productiva (primera base económica) sino también la justicia social para el sector agrario (segunda base social) y la sustentabilidad ambiental de la agricultura (tercera base) . En otras palabras, los institutos agrarios (propiedad agraria, posesión agraria, contratos agrarios, etc.) deben ser eficientes, socialmente justos y ambientalmente sostenibles.
Desde esta perspectiva ontológica, el derecho agrario se funda en la triada tierra–trabajo–alimento, donde la tierra se concibe como soporte material de la reproducción social, y no como mera mercancía o simple objeto de dominio individual. La función social de la propiedad agraria implica que la tierra debe contribuir efectivamente a garantizar el derecho a la alimentación y el desarrollo rural sustentable, lo que incluye la obligación de minimizar las pérdidas y el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena productiva.
El desperdicio de alimentos es un fenómeno que trasciende lo meramente cuantitativo; es una manifestación estructural de ineficiencias sistémicas que se arraigan en relaciones de poder, organización del trabajo agropecuario, normas de mercado y patrones de consumo contemporáneos. En la Unión Europea, más de 58 millones de toneladas de alimentos son desperdiciadas cada año, con cerca de 132 kg por habitante, reflejo de un sistema agrario y de consumo profundamente interconectado con dinámicas económicas globalizadas y con consecuencias ambientales, sociales y económicas adversas. La UE ha reconocido que reducir estas cifras es esencial para enfrentar la presión sobre recursos naturales, disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la seguridad alimentaria interna. (FAO, 2024a).
En América Latina, la FAO estima que las pérdidas y desperdicio de alimentos representan un 11,6 % del total producido, evidenciando que el problema no es exclusivo de los países industrializados, sino una manifestación global de fallas en la gestión de la cadena agroalimentaria.
La ontología del desperdicio nos obliga a reconocer que no es un mero residuo, sino el resultado de relaciones jurídicas, económicas y culturales que determinan qué alimentos se consideran “útiles” y cuáles desechables, configurando un campo de injusticia alimentaria donde millones carecen de acceso a alimentos suficientes mientras toneladas se pierden por logística deficiente o normativa inadecuada.
En esta lógica, el desperdicio de alimentos no es un fenómeno accesorio, sino una negación de la esencia misma del derecho agrario, pues supone que productos generados mediante el trabajo y el uso de recursos naturales no alcanzan su destino social: alimentar personas. El hecho de que una proporción significativa de la producción se pierda o arruine en el sector primario o en etapas logísticas revela una ruptura ontológica entre la potencialidad productiva de la tierra y la realización efectiva del derecho humano a la alimentación.
Epistemológicamente, el derecho agrario posee un ius proprium diferenciado del derecho civil o administrativo, dado que su objeto no se limita a regular los intereses meramente privados, sino que abarca las relaciones sociojurídicas en torno a la producción, circulación y distribución de bienes agroalimentarios, bajo la premisa de la función social y de la justicia agraria. Ello exige un método que parta de la realidad material de las cadenas agroalimentarias, de las prácticas campesinas y de los datos empíricos sobre pérdidas y desperdicio para luego construir categorías jurídicas y principios normativos (FAO, 2024a). Dicho de otra manera; el derecho agrario no solo ordena relaciones de posesión y uso de la tierra, sino que también se proyecta como un constructo epistemológico capaz de transformar estructuras productivas hacia modelos más eficientes y justos. Esta perspectiva exige articular el saber técnico codificado en normas con el conocimiento práctico de los productores rurales, consumidores y comunidades, propiciando una epistemología colaborativa del derecho y la praxis agraria.
Por tanto, el derecho agrario, entendido desde este prisma, debe desplegarse en categorías que permiten observar dónde ocurren las pérdidas —desde la producción primaria hasta el consumo final— y cómo la normativa puede intervenir para rediseñar dichas interacciones. En Europa, la revisión del Waste Framework Directive incorpora objetivos vinculantes de reducción de desperdicio para 2030, exigiendo que los Estados miembros introduzcan programas nacionales de prevención, que midan y reporten los residuos alimentarios con metodologías armonizadas.
En América Latina, la FAO ha emitido orientaciones jurídicas para apoyar a los parlamentarios en la adopción de legislación que reduzca las pérdidas y desperdicios de alimentos, enfatizando la necesidad de una acción intersectorial coordinada que involucre a todos los actores de la cadena agroalimentaria. Esta perspectiva demanda una epistemología interdisciplinaria, que integre aportes de la economía agraria, la sociología rural y los estudios ambientales. La medición de las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de FAO y otras instituciones ofrece insumos clave para comprender en qué eslabones de la cadena se concentra el problema y cómo se relaciona con limitaciones de infraestructura, acceso a tecnología, financiamiento y gobernanza (FAO, 2024a; FAO, 2024b.). En América Latina, por ejemplo, se ha constatado que una parte importante de las pérdidas se produce en las etapas de producción y poscosecha, lo que vincula el problema directamente con la estructura agraria y la situación de pequeños productores
Desde una perspectiva crítica y, en particular, decolonial, el desperdicio de alimentos se interpreta como resultado de relaciones de poder y estructuras de mercado que subordinan al campesinado, más que como un simple fallo de eficiencia. La concentración de la tierra, la hegemonía de grandes cadenas de distribución y la lógica de acumulación del capital generan excedentes que no se integran a circuitos de consumo socialmente útiles, ubicando el costo social y ambiental en comunidades rurales y en consumidores vulnerables. En este sentido, la regulación que se limita a establecer obligaciones de donación o sistemas de medición, sin articularlas con políticas de reforma agraria, redistribución de la tierra y fortalecimiento de la economía campesina, corre el riesgo de reproducir desigualdades existentes. La crítica apunta a que el derecho agrario debe incorporar expresamente la reducción del desperdicio como dimensión de la función social de la propiedad y de la soberanía alimentaria, reforzando el papel de los sujetos rurales como actores centrales y no como meros receptores pasivos de políticas.
En la Unión Europea, la legislación emergente reconoce explícitamente que la reducción del desperdicio es un imperativo moral y económico, y obliga a diversos actores —desde productores hasta minoristas y distribuidores— a implementar medidas de prevención, promoción de donaciones y uso eficiente de excedentes. No obstante, la regulación europea también enfrenta contradicciones internas; por ejemplo, ciertas prácticas, como la destrucción de plátanos en Canarias (conocida como “la pica”), quedan exentas de consideración como desperdicio alimentario, lo que evidencia tensiones entre objetivos de mercado y metas de reducción de desperdicio.
En América Latina, si bien países como Colombia y Perú ya cuentan con leyes específicas para prevenir pérdidas y desperdicios alimentarios (por ejemplo, Ley N.º 1990 en Colombia y Ley N.º 30988 en Perú), Venezuela carece de una ley específica sobre desperdicio alimentario, aunque sí cuenta con marcos normativos afines como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su Artículo 305 establece la promoción de la agricultura sustentable como base estratégica para garantizar la seguridad alimentaria. Si bien la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (Decreto N.º 6.071, 2008) también se inscribe en este contexto como normativa relevante que regula la producción, distribución y comercialización de alimentos con miras a asegurar acceso equitativo y sostenibilidad alimentaria, es ausente una normativa específica sobre desperdicio en Venezuela, lo que evidencia una brecha estructural en la protección del derecho a la alimentación: sin disposiciones claras que obliguen a la prevención, redistribución y uso eficiente de los alimentos, las pérdidas postcosecha y la gestión de excedentes siguen siendo fenómenos no regulados que afectan negativamente la soberanía alimentaria y el bienestar social.
De manera que el desperdicio de alimentos es un fenómeno estructural que interpela directamente al derecho agrario venezolano como disciplina jurídica y como herramienta de política pública. La comparación entre la Unión Europea, América Latina y Venezuela evidencia que la existencia de normas vinculantes, mecanismos de medición y enfoques preventivos resulta determinante para la reducción efectiva del desperdicio. En el caso venezolano, la ausencia de una regulación específica contrasta con la centralidad constitucional de la seguridad y soberanía alimentaria, por lo que es necesario fortalecer el derecho agrario venezolano para que responda no solo a exigencias técnicas o económicas, sino a una exigencia ética y jurídica de justicia alimentaria, proyectando al derecho agrario como uno de los pilares normativos del desarrollo sostenible contemporáneo.
Metodología.
Este estudio adopta un diseño cualitativo de tipo jurídico–documental, con enfoque crítico. Se analizan normas, documentos oficiales e investigaciones especializadas mediante técnicas de análisis de contenido y comparación normativa.
Las fuentes normativas incluyen la Directiva (UE) 2025/1892 y la normativa europea previa en materia de residuos, las leyes sobre pérdidas y desperdicio de alimentos en América Latina —especialmente la Ley 1990 de 2019 y la Ley 2536 de 2025 de Colombia—, así como el Decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de Venezuela. Las fuentes doctrinales y técnicas comprenden informes de FAO sobre pérdidas y desperdicio, estudios académicos sobre gobernanza del desperdicio en Europa, estadísticas regionales de América Latina y diagnósticos recientes sobre seguridad alimentaria en Venezuela. El período de análisis se centra en los años 2010–2025, lo que permite observar la evolución de los marcos normativos y los cambios en la magnitud del desperdicio.
La comparación normativa se realiza identificando: a) principios rectores (función social, jerarquía de usos, responsabilidad extendida del productor); b) obligaciones concretas por eslabón de la cadena; c) mecanismos institucionales de implementación y sanción; y d) vacíos específicos en materia de prevención del desperdicio, particularmente en el ordenamiento venezolano.
Resultados.
Los resultados muestran que la Unión Europea ha consolidado un marco relativamente avanzado de gobernanza del desperdicio de alimentos. La Directiva (UE) 2025/1892, que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, establece objetivos vinculantes de reducción del desperdicio del 10% en la industria de transformación y del 30% per cápita en los sectores minorista, de restauración y en los hogares, con horizonte 2030 (Phenix, 2025; Alimentos sin Desperdicio, 2026; BDO, 2025). La norma incorpora la obligación de medir el desperdicio con metodologías comunes, promueve la responsabilidad ampliada del productor y sitúa la prevención y la donación de alimentos aptos para consumo como prioridades frente a otros usos (Principato et al., 2020). Sin embargo, el análisis doctrinal identifica limitaciones relevantes. Aunque las obligaciones se extienden a toda la cadena, la atención principal recae en fases poscosecha, comercio y consumo, mientras que la problemática de la producción primaria y la estructura de la propiedad agraria permanece relativamente marginal en el diseño de la política (Principato et al., 2020). Además, se cuestiona que los objetivos fijados sean inferiores a la meta del ODS 12.3, que propone reducir en un 50% el desperdicio per cápita a nivel mundial (FAO, 2024a).
En América Latina, la región presenta niveles significativos de desperdicio, estimándose alrededor de 130 millones de toneladas de residuos orgánicos destinados a disposición final cada año, con un porcentaje importante de pérdidas en producción y poscosecha (FAO, 2024b). Datos recientes muestran que algunos países de la región registran niveles elevados de desperdicio per cápita en los hogares, como República Dominicana, que supera los 150–160 kg por persona al año, mientras que otros, como Colombia, se sitúan en cifras intermedias (Statista, 2024).
Colombia destaca por su desarrollo legislativo. La Ley 1990 de 2019 y la Ley 2536 de 2025 configuran un régimen que prohíbe la destrucción de alimentos aptos para consumo, establece una jerarquía de usos donde la reducción y la donación para consumo humano ocupan el primer lugar, y limita al 3% el porcentaje de alimentos que pueden destinarse a usos no alimentarios después de agotar las opciones de consumo humano (Banco de Alimentos de Colombia, 2025; Infobae, 2025). Experiencias similares se observan en otros países, como Perú con la Ley 30988 de 2019, aunque la implementación en la región se mantiene desigual y con escasa articulación con políticas de reforma agraria y apoyo al campesinado (BU, 2022; SELA, 2016).
En el caso venezolano, los resultados revelan una brecha pronunciada entre el marco normativo general sobre tierras y soberanía alimentaria y la ausencia de una regulación específica sobre desperdicio de alimentos. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario afecta a uso agrario todas las tierras públicas y privadas con vocación agroalimentaria, incorporando la función social de la propiedad y el objetivo de garantizar la seguridad agroalimentaria (INIA, s.f.; Pandectas Digital, 2025b). La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria define la seguridad y soberanía alimentaria, prioriza la producción nacional y prevé instrumentos para asegurar la disponibilidad y el acceso a alimentos (Pandectas Digital, 2025a). No obstante, estadísticas recientes señalan que Venezuela pierde una proporción elevada de su producción, especialmente en el sector primario, debido a las condiciones de la infraestructura, la falta de combustible, y los problemas logísticos en el transporte y almacenamiento.
Discusión.
La comparación de los resultados evidencia una heterogeneidad significativa en la manera en que distintas regiones abordan el desperdicio de alimentos desde el derecho agrario y otras ramas afines. La Unión Europea ha logrado traducir el problema en objetivos cuantificados y vinculantes, con un aparato institucional que incluye medición estandarizada y responsabilidad ampliada del productor, pero su aproximación permanece fuertemente tecnocrática y poco conectada con debates sobre justicia agraria y redistribución de la tierra (Principato et al., 2020; BDO, 2025). América Latina, por su parte, presenta una combinación de normas avanzadas —como las colombianas— con ámbitos de implementación débil y escasa articulación con políticas estructurales de reforma agraria (Banco de Alimentos de Colombia, 2025; BU, 2022).
En Venezuela, la situación es más compleja: existe un marco constitucional y orgánico que proclama la seguridad y soberanía alimentaria, así como la función social de la propiedad agraria, pero la falta de regulación específica sobre desperdicio, sumada a problemas logísticos en el transporte y almacenamiento, limita de manera drástica la eficacia de ese diseño normativo. Así, el derecho agrario venezolano aparece más como un programa normativo parcialmente incumplido que como un instrumento efectivo de gobernanza del sistema agroalimentario. Desde una perspectiva crítica, estos hallazgos sugieren que abordar el desperdicio de alimentos únicamente como un problema de residuos o de eficiencia logística invisibiliza su dimensión estructural. El desperdicio está vinculado con relaciones de poder que determinan quién controla la tierra, quién se apropia del valor generado en la cadena y quién asume los costos sociales y ambientales de las pérdidas. El derecho agrario, si pretende ser herramienta transformadora, debe integrar la reducción del desperdicio a la definición misma de función social de la propiedad, incorporando obligaciones diferenciadas según el tamaño del productor y sanciones ligadas al incumplimiento de esa función, con especial atención a la protección del campesinado y de la producción de pequeña escala.
Conclusiones.
El análisis realizado permite afirmar que el derecho agrario tiene un potencial relevante para contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos, siempre que se conciba más allá de una regulación neutra de la propiedad o de las transacciones y se oriente decididamente a garantizar el derecho humano a la alimentación. La experiencia de la Unión Europea muestra que la fijación de objetivos vinculantes, la medición sistemática y la responsabilidad ampliada del productor pueden generar incentivos efectivos, aunque el enfoque deba profundizarse hacia la justicia agraria. En América Latina, el caso colombiano evidencia la posibilidad de introducir figuras como la donación obligatoria y límites a usos no alimentarios, pero la región sigue enfrentando retos de implementación y de articulación con reformas estructurales del agro.
En Venezuela, la brecha entre un marco normativo que proclama la soberanía alimentaria y una realidad caracterizada por colapso productivo, deficiencias logísticas y altos niveles de desperdicio en el sector primario revela la urgencia de una reforma profunda. Resulta indispensable incorporar en la legislación agraria venezolana una regulación específica sobre pérdidas y desperdicio, vinculada directamente con la función social de la propiedad, el diseño de infraestructura pública para almacenamiento y transporte, y la creación de mecanismos de donación y redistribución obligatoria. Asimismo, se requiere fortalecer la participación de los sujetos rurales en la formulación de políticas y la supervisión de las cadenas agroalimentarias.
Finalmente, se sugiere que futuras investigaciones combinen análisis jurídico con estudios empíricos en territorios rurales y urbanos vulnerables, para evaluar el impacto real de las medidas adoptadas y diseñar herramientas normativas que partan de la experiencia concreta de productores y consumidores, integrando así de manera coherente las dimensiones ontológica, epistemológica y crítica del derecho agrario en la lucha contra el desperdicio de alimentos
Referencias
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