Impacto del cambio climático en la actividad agrícola en américa latina

RESUMEN

En este artículo se efectúa el  análisis del Cambio  Climático y su impacto en la actividad agrícola    en América Latina a través de la revisión documental sistemática del conocimiento científico existente en base  de datos virtuales de  Medline, BIREME, CEPAL , OPS, OMS, PUbMed y Scielo, utilizando los descriptores cambio climático, productividad agrícola , agricultura  y américa latina. El objetivo es proporcionar información consolidada y actualizada sobre el cambio climático y su impacto en el sector agrícola de América Latina en lo que respecta a productividad agrícola, ingreso económico e implicaciones  legales.

Palabras claves: Cambio climático, productividad agrícola, Agricultura, América latina.

 

Impact of climate change on agricultural activity in Latin America

ABSTRACT

In this article, the analysis of Climate Change and its impact on agricultural activity in Latin America is carried out through the systematic documentary review of existing scientific knowledge in virtual databases of Medline, BIREME, ECLAC, PAHO, WHO, PUbMed and Scielo , using the descriptors climate change, agricultural productivity, agriculture and Latin America. The objective is to provide consolidated and updated information on climate change and its impact on the Latin American agricultural sector in terms of agricultural productivity, economic income, and legal implications.

Keywords: Climate Change, Agricultural Productivity, Agriculture, Latin America.

 

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es uno de los desafíos para la humanidad  más grandes actualmente por cuanto pone en peligro el recurso común de todo el planeta: la atmosfera, los océanos, los polos y la biodiversidad. Se manifiesta fundamentalmente en el aumento de la temperatura media mundial, la modificación de los patrones de precipitación, el alza continua del nivel del mar, la reducción de la criósfera  y la acentuación de los patrones de fenómenos climáticos extremos(IPCC, 2018)

Estas transformaciones tienen un fuerte impacto en las actividades económicas. Las pérdidas potenciales que el cambio climático puede ocasionar en las actividades agrícolas van a estar afectadas además por factores humanos, como la tenencia de la tierra o la aplicación de diversas políticas públicas en el sector agropecuario. En lo que respecta al primer factor, cuando la propiedad está disociada del uso, disminuyen los incentivos para invertir en adaptación ((Thurlow, Zhu y Diao, 2009).

El cambio de los patrones climáticos afecta la productividad agrícola y los ingresos de los agricultores, lo que también incide en el ingreso total de los hogares rurales. En este sentido, es esperable que el cambio climático incremente la pobreza rural (Mendelsohn y cols, 2007) y la desigualdad en dos pasos: primero, por su incidencia en el crecimiento del sector agrícola (Thurlow, Zhu y Diao, 2009), y, segundo, por la incidencia de este último en la evolución de la pobreza (Thurlow, Zhu y Diao, 2009; Christiaensen y Demery, 2007).

El sector agrícola sigue teniendo una importancia estratégica en América Latina y una parte significativa de la pobreza más intensa se concentra en las áreas rurales (Byerlee, Diao y Jackson, 2005)

Este artículo científico tiene como propósito analizar el cambio climático y su impacto en  el sector agrícola de América Latina, través de una revisión documental sistemática que toma  en cuenta específicamente los siguientes aspectos: la productividad agrícola y las implicaciones legales.

 

MATERIALES Y METODOS

Se efectuó  el arqueo documental de la literatura científica sobre la relación entre cambio climático y actividad agrícola en América Latina en lo referente a productividad agrícola  e implicaciones legales, a través de la revisión documental sistemática del conocimiento científico existente en base  de datos virtuales de  Medline, BIREME, CEPAL, OPS, OMS, PUbMed y Scielo, utilizando los descriptores cambio climático, productividad agrícola, agricultura  y américa latina.

Se incluyeron publicaciones originales, referidas a cambio climático y productividad agrícola en América Latina, aplicando revisión sistemática  simple ciego a documentos publicados hasta 2023.

Se excluyeron las reseñas, editoriales, cartas y publicaciones breves y literatura gris.

 

RESULTADOS

 Los documentos extraídos en la revisión sistemática de la literatura científica sobre cambio climático y actividad agrícola en América Latina se analizaron en cuanto a dos aspectos: productividad agrícola y aspectos legales.

 

Cambio Climático y Productividad Agrícola en América Latina

Como resultado del cambio climático a nivel mundial, se espera que se produzcan temperaturas extremas, escasez de agua e inundaciones, debido principalmente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) inducidos por la acción humana. Algunos animales y plantas pueden reducirse en tamaño debido a las altas temperaturas y a las menores precipitaciones (Sheridan y Bickford (2011),  lo que limitará la disponibilidad de fuentes alimentarias esenciales para la nutrición del ser humano. Este cambio de clima afectará seriamente la agricultura a nivel mundial (Tubiello, Soussanna y Howden, 2007).

En la mayoría de los escenarios de calentamiento global, existe una alta probabilidad de que se produzca una disminución en los rendimientos de los cultivos debido a las crecientes temperaturas y a las menores precipitaciones, lo que a su vez agudizará la inseguridad alimentaria. Otras de las consecuencias esperables son la disminución de la calidad de los cultivos, una mayor lixiviación de nitrógeno y erosión del suelo, y la menor disponibilidad de tierras y recursos hídricos para la actividad agropecuaria (Schmidhuber y Tubiello, 2007).

Los gobiernos y los productores rurales a nivel mundial deberán adaptar sus agroecosistemas a patrones climáticos variables e inestables, debido a que el cambio climático afectará el acceso a los alimentos, como así también su disponibilidad, estabilidad y uso(Schmidhuber y Tubiello, 2007).

En América Latina, en los últimos 50 años se han observado   variaciones de temperaturas extremas que afectan la agricultura. En Mesoamérica y América del Sur, la temperatura media aumentó 1 °C durante el siglo XX, aunque evidenció una variabilidad estacional y espacial considerable (Marengo y cols., 2012).

Debido a su geografía, América Latina y El Caribe son vulnerables a los cambios climáticos. En tanto que Mesoamérica y las islas del Caribe  se encuentran situadas en el cinturón de los huracanes, cuya fuerza ha ido en aumento (Isbell, 2011).

Además, parte de la agricultura de América del Sur depende de los cursos de agua provenientes de los glaciares andinos, que se encuentran en plena retracción como consecuencia del calentamiento global y que podrían desaparecer durante las próximas dos décadas y  la disponibilidad de agua y la generación de energía hidroeléctrica podrían verse seriamente afectadas por efecto de la reducción de los glaciares (Bradley y cols., 2006).

Otro de los fenómenos significativos que afectan la variabilidad climática de América Latina es la Oscilación del Sur El Niño (ENSO). El Niño fue el nombre con el que pescadores peruanos bautizaron a este fenómeno climático, en honor al Niño Jesús. Se caracteriza por un aumento de la temperatura del agua en el Océano Pacífico oriental que revierte los patrones climáticos y produce incrementos de precipitaciones en las zonas costeras y sequías en las zonas de altura media a elevada. La Niña, su contraparte fría, puede suceder a El Niño con patrones opuestos.

Las actividades agrícolas tienen  gran potencial de ser afectadas negativamente por el cambio climático. El clima es un factor determinante para la productividad agrícola y por ende este es uno de los sectores más propicios a sufrir alteraciones ante el cambio climático (Mendelsohn ,2009;  Hertel y Rosch, 2010).

Existe evidencia que el  ingreso agrícola puede caer ante el aumento de temperaturas, y que  las zonas rurales son las que se verán más afectadas (IPCC, 2014). Por lo tanto, ante los posibles estragos del cambio climático, es necesario que la agricultura y las poblaciones que dependen de ella tengan mayor capacidad adaptativa (Mendelsohn, 2009; McCarl, 2010).

El clima es uno de los principales determinantes de la productividad agrícola y debido al incremento en la concentración de gases efecto invernadero es prácticamente inevitable que se presenten cambios en el clima a los cuales la agricultura tendrá que adaptarse. Esto requerirá no sólo de cambios en el tipo y combinación o mezcla de cultivos y ganado que se producen sino también un aumento en la inversión (McCarl, 2010). Más allá de las posibilidades de adaptación se espera que el sector agrícola sea el sector que sufra los mayores efectos económicos ante el cambio climático (Fischer et al., 2005; Mendelsohn, 2009).

De acuerdo con el IPCC, el sector rural se verá fuertemente afectado, entre otras cosas debido a las caídas en el ingreso agrícola (IPCC, 2014). Se espera que los impactos afecten de manera desproporcionada el bienestar de los pobres en zonas rurales haciendo más difícil el combate a la pobreza (Field et al., 2014).

Además, el cambio climático afectará la seguridad alimentaria al impactar la disponibilidad y acceso a alimentos así como la estabilidad de las reservas de alimentos y la volatilidad de los precios. Lo anterior no quiere decir que los efectos del cambio climático serán homogéneos ni que se presentarán al mismo tiempo en todos los lugares. Es posible que en un inicio el calentamiento moderado del planeta beneficie a la producción de cultivos en las regiones templadas y perjudique a las regiones semi-áridas y tropicales. Sin embargo, si el calentamiento continua más allá de la mitad del siglo la producción en todas las regiones del planeta se verá afectada de manera negativa (Tubiello y Rosenzweig, 2008).

En el caso de América Latina, se espera que la productividad se mantenga o incluso se incremente ligeramente para mediados de siglo en el sureste de América del Sur, por otro lado, en Centroamérica la productividad caerá en los próximos 15 años poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones más pobres (Field et al., 2014).

Los países en desarrollo son más vulnerables a los efectos del cambio climático que los países desarrollados. Esto se debe, entre otras cosas, a que dichos países dependen más de la agricultura, poseen menos capital para adoptar medidas de adaptación, y en muchos casos están más expuestos a la ocurrencia de eventos climáticos extremos así como a niveles de calor que actualmente ya son demasiado elevados (Fischer, et al., 2005; Mendelsohn, 2009).

Al interior de los países en desarrollo, los pequeños agricultores serán los más afectados dado su bajo acceso a: tecnologías, insumos, información y recursos monetarios para tomar medidas de adaptación (Birthal et al., 2014).

Respecto a Venezuela, en relación a los principales efectos del cambio climático sobre la producción agrícola, se pronostica que en la mayoría de los casos se presentara una reducción en el rendimiento de los cultivos, producto del aumento de las temperaturas y la disminución o alteración del régimen pluviométrico. Los fenómenos extremos de lluvias y sequias serán más frecuentes e intensos con pérdidas coyunturales en la agricultura (Prager et al., 2020; Banerjee et al, 2021). Se estima un probable efecto negativo, influenciado por  la desglaciación  andina y probable   aumento de la temperatura local, potencial de evapotranspiración y escasez de agua que afectará a los cultivos (FONTAGRO, 2019).

En la Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático de Venezuela se proponen algunas medidas de corto, mediano y largo plazo para lograr la adaptación ante el cambio climático. En el corto plazo se busca mantener la movilidad del ganado en zonas de pastoreo sujetas a sequías, así como lograr una mayor planeación agrícola. En el mediano plazo, desarrollar variedades de cultivos y razas de ganado resistentes a cambios de temperatura, mejorar el uso de agua en zonas propensas a sequías e implementar sistemas agroforestales para aumentar la capacidad de adaptación. En el largo plazo, consolidar sustitución de cultivos y mantener biodiversidad (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, 2005).

 

Implicaciones Legales del Cambio Climático en la Agricultura

Los avances políticos, normativos e institucionales en materia de cambio climático en América Latina hasta ahora se sustentan en instrumentos no  vinculantes como en el caso de varias estrategias y planes, mientras otros son normas vinculantes que obligan a su implementación a través de reglamentos y normas diversas.

No obstante, para algunos casos se aprueban instrumentos no vinculantes, mediante normas  obligatorias que le dan  mayor peso  jurídico. Además se han establecido  una multiplicidad de organismos no gubernamentales, redes y otros espacios e instituciones dedicadas al cambio climático y a la mitigación y adaptación. Un ejemplo interesante de espacio y red es la Alianza para la Resiliencia Climática Rural que bajo el auspicio de la FAO y la Fundación Futuro Latinoamericano busca incidir en la mejora de las políticas y acciones en materia de cambio climático en América Latina y el Caribe( Bárcena et al., 2018).

Se evidencia que  existen suficientes  instrumentos jurídicos que aborden  el cambio climático en América Latina, desde el proceso de adaptación, mitigación  hasta la gestión de riesgos. En la última década se han multiplicado especialmente dichos instrumentos producto de las propias necesidades internas de los países pero también influenciados por el contexto internacional  que ha marcado la agenda política  alrededor del cambio climático en América Latina y el mundo (Álvarez, 2016).

En relación a esto último, en el marco de la reunión sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro entre el 3 y 14 de junio de 1992, se adoptaron acuerdos sobre temas ambientales globales y regionales de gran trascendencia, entre ellos, el de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta Convención (en adelante, CNUCC) entró en vigor en 1994 y su Protocolo, denominado por el lugar de su adopción en Japón, el Protocolo  de Kioto, en 1997, siendo ambos los instrumentos fundamentales que han intentado atender esta problemática a lo largo de las últimas décadas(Organización de las Naciones Unidas ,1998).

El Acuerdo de París (2015) ha impuesto una serie de obligaciones a los países vinculadas al desarrollo de Contribuciones Determinadas Nacionalmente (CDN o NDCs  por sus siglas en inglés).13 El Artículo 4 del Acuerdo de París requiere que cada país prepare, comunique y mantenga las sucesivas NDCs que se proponga lograr y adopte medidas nacionales de mitigación con el fin de alcanzar los objetivos de dichas contribuciones.

Si bien la más reciente Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Paris realizada en Madrid, España en 2019 no alcanzó mayores avances, en parte por las notables diferencias políticas entre los países sobre la necesidad de reducir emisiones, hay una dinámica internacional impulsada desde el sector privado, la sociedad civil y algunos países, que hace inevitable la consolidación de una agenda climática global orientada a reducir la dependencia de combustibles fósiles, modificar las matrices energéticas y reforzar las acciones de mitigación y adaptación.

Asimismo, desde una posición comprometida en lo formal con enfrentar el cambio climático, algunos países de la región como Costa Rica, liderados por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), han planteado su compromiso de convertirse en carbono neutrales para el 2050.

Pero no es solamente el Acuerdo de París el que estimula una agenda internacional, propiamente “ambiental”, para enfrentar el cambio climático. Múltiples instrumentos internacionales abonan también al tratamiento del fenómeno desde otros frentes.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), entre otros, incluyen la necesidad de adoptar medidas urgentes e inequívocas para combatir los efectos del cambio climático.

Así mismo,  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Humano Sostenible (Hábitat III, 2016) incluye compromisos para mejorar la calidad de los asentamientos humanos y hacerlos resilientes a los efectos del cambio climático; la actual negociación de una Agenda Post 2020 sobre biodiversidad (que reemplazaría las Metas de Aichi sobre Biodiversidad Políticas Públicas y Cambio Climático en América Latina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), aborda el asunto desde la perspectiva de la salud pública y la incidencia de enfermedades que se intensifican con los cambios en patrones climáticos, especialmente en los trópicos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha adoptado posiciones comprometidas con revertir o mitigar el fenómeno de la migración climática.

En el ámbito más regional, la Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres  desde 2017  constituye una herramienta vinculante para enfrentar desastres naturales producidos por efecto de, entre otros, cambios en los patrones climáticos. Es decir, hay una arquitectura institucional y normativa internacional, regional y nacional vigente que, en mayor o menor medida y dependiendo de circunstancias políticas particulares, presiona la respuesta de los países (Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 2021) .

Igualmente, al analizar  los compromisos asumidos por Venezuela como país parte de la Convención sobre Cambios Climáticos, en su carácter dual: bien como país en desarrollo, productor y exportador de petróleo; y bien como país rico en biodiversidad y ecosistemas frágiles, lo cual ha determinado, además, asumir posiciones dentro de los bloques de negociación ya sea dentro de la OPEP, dentro del denominado G-77 + China y/o dentro de los países del Grupo de América Latina y el Caribe , su gestión ante el cambio climático y la evolución jurídica-institucional en materia ambiental, destacan  su posición vanguardista en el mundo y a nivel regional por haber sido el primer país en la región en haber creado el primer Ministerio del Ambiente, así como el pionero en haber creado la primera Ley Orgánica del Ambiente y, posteriormente, la primera Ley Penal del Ambiente.

Al haberse adoptado estos convenios, Venezuela, en particular, y los países partes de la Convención, en general, han debido asumir compromisos para combatir los efectos adversos del cambio climático y sus consecuencias, debiendo accionar planes, programas y políticas tendentes a revertir esos efectos adversos, así como idear los mecanismos para las estrategias nacionales en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Según la Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de la República Bolivariana de Venezuela para la Lucha contra el Cambio Climático y sus Efectos (Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 2021),  la República Bolivariana de Venezuela, siendo un país caracterizado por presentar espacios insulares y costas de baja altitud, con zonas áridas y semiáridas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación, y con ecosistemas montañosos frágiles; cuya economía principal depende particularmente de la producción, uso y exportación de combustibles fósiles; es considerado, según las categorías establecidas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático(CMNUCC), como de alta vulnerabilidad; y particularmente sensible a los efectos adversos del Cambio Climático y a las consecuencias secundarias de potenciales medidas de respuesta (Organización de las Naciones Unidas, 1992).

Esta vulnerabilidad se ha hecho evidente en una serie de emergencias y desastres naturales con efectos severos en viviendas, en la producción de alimentos, en la generación de hidroelectricidad, en la diversidad biológica, entre otras como las acaecidas durante los meses de agosto y septiembre de 2021 en los estados Mérida, Táchira y Anzoátegui.

Frente a esta situación la República Bolivariana de Venezuela ha tomado medidas a gran escala con importantes inversiones, que han permitido atender y proteger a la población afectada para reducir los daños y disminuir la vulnerabilidad. En el marco de lo acordado bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París (AP), Venezuela presento  en 2021 la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (CND), comprometida en la construcción de un modelo económico productivo ecosocialista.

Estas acciones se articulan en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Ley del Plan de la Patria 2019 – 2025, donde se plantea la profundización de políticas ecosocialistas con un alto impacto en lo social, económico y ambiental para contribuir en la lucha contra el Cambio Climático. De igual forma, dicha CND permite reafirmar el compromiso que en materia climática tiene el país, en los distintos espacios multilaterales del sistema de las Naciones Unidas, como en los mecanismos de concertación regionales y entre regiones(Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 2021).

Entre las principales Leyes y Decretos  del marco jurídico  de Venezuela  sobre el cambio climático, relacionadas con la agricultura se enlistan las siguientes:

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.860. Diciembre 30, 1999. Caracas. Decreto N° 1.701. Creación del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.634. Abril 07, 2015. Caracas.
• Decreto N° 4.335. Normas para regular y controlar el consumo, la producción, importación, exportación y el uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.392. Marzo 07, 2006. Caracas.

• Decreto Nº 1468 con Fuerza de Ley de Zonas Costeras. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.319. Noviembre 07, 2001. Caracas. República Bolivariana de Venezuela Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada Acuerdo de Paris de la CMNUCC 160.
• Decreto Nº 4.586. Se crea la Comisión Presidencial denominada Comité Nacional del Fondo Verde para el Clima. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.217. Septiembre 21, 2021. Caracas.
• Decreto Nº 730. Creación de los Despachos de Viceministros y Viceministras de los distintos Ministerios del Poder Popular. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.330. Enero 09, 2014. Caracas.
• Ley Aprobatoria de la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.239. (Extraordinario). Junio 23, 1998. Caracas.
• Ley Aprobatoria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.825. (Extraordinario). Diciembre 27, 1994. Caracas.
• Ley Aprobatoria del Acuerdo de París. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.819, de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 30 de diciembre del 2015.
• Ley Aprobatoria del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.186 (Extraordinario). Julio 22, 2003. Caracas.
• Ley Aprobatoria del Convenio de Róterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.746 (Extraordinario). Mayo 06, 2004. Caracas.
• Ley Aprobatoria del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.780 Extraordinaria, de fecha 12 de septiembre de1994.
• Ley Aprobatoria del Protocolo de Kyoto. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.081 del 07 de diciembre de 2004. Establece compromisos y metas sobre las reducciones de emisiones para los países del Anexo I, y reducciones voluntarias para los países Nº Anexo I.
• Ley de Aguas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.595. Enero 02, 2007. Caracas. Ley de Bosques. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.222. Agosto 06, 2013. Caracas.
• Ley de Gestión de la Diversidad Biológica. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.070. Diciembre 01, 2008. Caracas.
• Ley de Gestión de Riesgo Socio Naturales y Tecnológicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.095. Enero 09, 2009. Caracas.
• Ley de Gestión Integral de la Basura. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.017. (Extraordinario). Diciembre 30, 2010. Caracas.
• Ley de la Calidad del Agua y del Aire. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.207. (Extraordinario). Diciembre 28, 2015. Caracas.
• Ley de Meteorología e Hidrología Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.833. (Extraordinario). Diciembre 22, 2006. Caracas.
• Ley Orgánica de Espacios Acuáticos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890. (Extraordinaria). Julio 31, 2008. Caracas.
• Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República de Bolivariana de Venezuela Nº 5.833. (Extraordinario). Diciembre 22, 2006. Caracas.
• Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39. 913. Mayo 02, 2012. Caracas. Ley Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.118. (Extraordinario). Diciembre 04, 2013. Caracas.
• Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.554. (Extraordinario). Noviembre 13, 2001.

 

DISCUSION

El incremento en la concentración de gases de efecto invernadero es tal que parece inevitable que se presenten cambios en el clima, los cuales forzarán al sector agrícola a tomar medidas de adaptación. Sin embargo, las capacidades de adaptación son limitadas y por lo tanto es muy probable que el cambio climático afecte la disponibilidad y acceso a alimentos e incremente la volatilidad de los precios. En este artículo se revisa  de manera sintética  la evidencia de los efectos del cambio climático sobre el sector, con énfasis en América Latina.

La revisión deja en claro que los efectos serán heterogéneos y que además pueden ser sumamente cuantiosos. Resulta entonces necesario contar con políticas públicas enfocadas en la mitigación de los gases de efecto invernadero, promoviendo al mismo tiempo la adaptación ante el cambio climático.

Según el estado del conocimiento científico actual, se puede decir que el cambio climático afectará adversamente la agricultura, aunque no se puede prever con exactitud la magnitud de este efecto. Es importante destacar que la mayoría de los parámetros que alimentan los modelos de simulación utilizados para determinar los efectos positivos o negativos se basan en investigaciones de laboratorios, de tipo básico y/o aplicadas, provenientes mayoritariamente de los centros de investigaciones de los países desarrollados, realizadas en menor proporción en los países en desarrollo.

A lo largo del siglo XXI, los efectos del cambio climático reducirán el crecimiento económico, complicarán los esfuerzos por reducir la pobreza y afectarán la seguridad alimentaria (Field et al., 2014). Los efectos no serán uniformes entre países ni al interior de los mismos; dependerán en gran medida de las condiciones locales, tanto climáticas como de otro tipo, y de cómo dichas condiciones se modifiquen con el tiempo en respuesta al cambio climático y a otros fenómenos como el crecimiento económico (Mendelsohn y Dinar, 2009).

En términos económicos es muy probable que el sector agrícola sea el más afectado por los efectos negativos del cambio climático (Fischer et al., 2005; Mendelsohn, 2009). La región de América Latina que podría resultar más perjudicada es Centroamérica, sobre todo en lo concerniente a seguridad alimentaria (Mendelsohn., 2009).

Es posible medir los impactos del cambio climático en la agricultura según la pérdida de productividad debido a las temperaturas extremas, que afectan los ciclos de crecimiento, y la escasez de agua, que reduce el rendimiento. Los cambios en la radiación solar también pueden influenciar la acumulación de biomasa, mientras que los niveles de concentración de CO2 afectarán la eficiencia del nitrógeno, el agua y el proceso de fotosíntesis.

El cambio climático causará mayores disminuciones en la escorrentía, lo cual podría afectar el suministro de agua para la agricultura. Como lo denotan la elevada frecuencia e intensidad de tormentas, sequías, inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos, la salinidad, los ciclos hidrológicos alterados y las precipitaciones, el cambio climático ya está en proceso. Si bien los modelos de predicción del clima ofrecen escenarios contradictorios, la mayoría señala que las áreas más vulnerables del continente son los Andes sudamericanos, América Central y las islas del Caribe (Field et al, 2014).

Los impactos del cambio climático sobre los agroecosistemas y la disponibilidad y el precio de los alimentos dependen del sistema de producción agropecuaria, su tamaño y su ubicación. Los desafíos a los que se enfrentarán los productores rurales y los consumidores se relacionan con el suministro y la distribución de los alimentos y el acceso a ellos. Cómo adaptar la agricultura al cambio climático continuará siendo el principal desafío de las próximas décadas.

La agricultura puede contribuir a la mitigación de emisiones mediante el uso de prácticas agronómicas que ayuden a incrementar el secuestro y retención de carbono en el suelo. Estas prácticas incluyen el uso de variedades mejoradas de cultivos, extender la rotación de cultivos, incluir cultivos perenes, modificar las prácticas de labranza, manejar los residuos, el manejo de nutrientes, el manejo de agua y el cambio de uso de suelo a pastos o bosque.

El sector agropecuario de América Latina  tiene importantes funciones reconocidas con respecto a la provisión mundial de alimentos y servicios ambientales. En el plano local su actividad provee ingresos, empleo y contribuye al crecimiento y a su financiamiento al proveer divisas a los países. El  cambio climático  introdujo un factor adicional, muy importante, para el desarrollo sectorial y la productividad de la actividad agropecuaria.

En Venezuela, El Estado venezolano ha asumido  una serie de obligaciones en relación con el desarrollo de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En particular , los compromisos derivados de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, así como la Constitución Nacional y la Legislación venezolana.

Además, existen  orientaciones jurídicas internacionales y nacionales para el  reconocimiento de la protección contra el cambio climático como derecho humano. Esta  revisión deja en  evidencia también  que existe una obligación legal del Estado venezolano de desarrollar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

En este orden de ideas, el 29 de Marzo del presente año la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que solicita  a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su pronunciamiento sobre  las obligaciones de los Estados en materia de lucha contra el cambio climático. La ONU insta a la  Corte Internacional de Justicia a fijar las responsabilidades de los países en la protección del sistema climático para las generaciones presentes y futuras, asegurando que nos encontramos ante un desafio sin precedentes para la civilización (Organización de las Naciones Unidas, 2023).

Aunque los compromisos nacionales de los Estados para reducir las emisiones de gases de  efecto invernadero en el marco del Acuerdo de Paris (NDC) no son vinculantes, la resolución subraya la importancia de otros textos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que generan obligaciones jurídicas a los Estados firmantes.

Así mismo, los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de la ONU, no son vinculantes, pero tienen un importante peso jurídico y moral, y a menudo son tenidos en cuenta por los tribunales nacionales. Es un avance crucial a nivel mundial ya que puede servir como «guía» para los tribunales nacionales que comienzan a enfrentarse con mayor frecuencia a acciones legales contra los Estados por las pérdidas y daños generados por su falta de acción climática (los casos abiertos contra los Estados de Francia y Suiza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros).

La resolución sitúa los derechos humanos y la equidad intergeneracional en el centro de la acción frente al cambio climático.

 

REFERENCIAS

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