La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico para la protección, defensa y recuperación de los activos, derechos e intereses de la República Bolivariana de Venezuela y de sus entidades en el extranjero, ante cualquier amenaza, injerencia, agresión o pretensión que atente contra su soberanía, independencia o patrimonio. Se declara de interés público la salvaguarda de dichos bienes y se faculta al Ejecutivo Nacional para tomar las medidas necesarias, administrativas o judiciales, a nivel nacional e internacional, a fin de garantizar su integridad, control y resguardo, así como para perseguir cualquier acto que implique su apropiación indebida o menoscabo.
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