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La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de Venezuela tiene como objetivo primordial establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, a través de una justa distribución de la tierra para garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la Nación.
Esta ley declara de utilidad pública e interés social todas las tierras con vocación de uso agrícola, y busca eliminar el latifundio, promoviendo la producción eficiente y el cumplimiento de la función social de la tierra. Para ello, establece que la tierra debe estar en producción conforme a los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional y clasifica las tierras rurales según su vocación agrícola, pecuaria o forestal.
Asimismo, reconoce y protege el derecho de los campesinos y campesinas a la tierra, establece el régimen de propiedad agraria y crea el Instituto Nacional de Tierras (INTI) como ente encargado de regularizar, administrar y redistribuir las tierras, así como de certificar las fincas productivas y rescatar tierras ociosas o de uso no conforme.