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El Código de Procedimiento Civil (CPC) de Venezuela regula los procesos judiciales civiles. Sus principios fundamentales buscan garantizar una justicia expedita, transparente e imparcial.
Establece que el proceso debe ser breve, con los jueces administrando justicia de la forma más rápida posible. Rige la iniciativa de parte, donde el juez solo procede previa demanda, salvo excepciones de orden público. Se consagra el derecho a la defensa y la igualdad procesal entre las partes, sin preferencias ni desigualdades.
El CPC también define la competencia de los tribunales, las formas procesales para la realización de los actos judiciales, y los medios de prueba, con el fin de que las decisiones se basen en lo alegado y probado en autos. Su aplicación es inmediata, incluso en procesos en curso, aunque respetando los actos ya cumplidos.