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La Ley Orgánica de Extinción de Dominio en Venezuela tiene como objetivo primordial establecer los mecanismos para la identificación, localización, recuperación y declaración de la titularidad a favor del Estado venezolano de los bienes y efectos patrimoniales que provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas o que hayan sido utilizados o estén destinados a estas.
Los fines esenciales de esta ley son:
- Incrementar la efectividad de la acción del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
- Asegurar que los bienes obtenidos por medios ilícitos no consoliden derechos de propiedad a favor de quienes los adquirieron.
- Destinar los bienes recuperados al financiamiento de políticas públicas nacionales de protección y desarrollo del pueblo.
- Establecer que la acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, real y patrimonial, siendo independiente de la responsabilidad penal.
En resumen, esta ley es una herramienta jurídica para despojar al crimen organizado y corrupto de sus ganancias ilícitas, permitiendo que esos bienes pasen a ser propiedad del Estado para ser usados en beneficio de la sociedad.