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La Ley de Intérpretes Públicos (Decreto con Rango y Fuerza de Ley N° 367, Gaceta Oficial N° 37.039 del 20 de septiembre de 2000) regula la actividad de los traductores e intérpretes públicos en Venezuela. Su objetivo es asegurar la validez y fidelidad de las traducciones e interpretaciones de documentos y actuaciones que requieran fe pública.
Esta ley establece los requisitos para obtener la autorización como intérprete público (por ejemplo, ser mayor de edad, poseer título universitario y aprobar un examen de suficiencia). Determina las tarifas por sus servicios y las sanciones por incumplimiento de sus deberes.
En esencia, la ley busca proteger al público garantizando la exactitud de las traducciones oficiales y el correcto ejercicio de esta profesión, que es fundamental para el ámbito legal y comercial en el país.